La segunda vuelta presidencial no tiene todavía un ganador oficial declarado por las autoridades electorales, pero vaya que ya se ha encargado de dividir al país, tanto en votos como en convicciones. Conforme al conteo de la ONPE, la diferencia a favor de Pedro Castillo es de apenas 44,058 votos y está pendiente que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva, en última instancia, las impugnaciones sobre actas que representarían 200 mil votos. De otro lado, ambos bandos tienen una lucha encarnizada con acusaciones de toda índole, destacando las de corrupción y terrorismo.
¿Cuál ha sido la incidencia de la corrupción en esta segunda vuelta? Cuando acabó la primera vuelta, se sabía muy poco de Perú Libre y de su candidato Pedro Castillo, quien quedó en primer lugar con casi el 19% de votos válidos. Los únicos ataques que había recibido provenían del sector aliado a la candidatura de Verónika Mendoza, desde donde se le acusaba de haber promovido una inútil huelga del magisterio en el 2017, empleando indebidamente el poder de convocatoria del SUTEP y buscando el apoyo de Héctor Becerril, otrora congresista del fujimorismo.
Respecto de Keiko Fujimori, prácticamente no faltaba nada por agregar. Desde los cuestionamientos ya conocidos al gobierno de su padre sobre corrupción y violación de derechos humanos, en los últimos años la imagen personal de la candidata había pasado por un severo desprestigio por el comportamiento de su bancada en el Congreso disuelto por el expresidente Vizcarra, los discretos resultados electorales para la elección del actual Parlamento y las audiencias de prisión preventiva presenciadas por todo el país que dieron como consecuencia que sea privada de su libertad. En la primera vuelta, Keiko Fujimori fue minimizada por un importante sector de la población y los medios, dándose por hecho que no pasaría a la segunda vuelta, con lo cual el fin de su carrera política sería el siguiente paso.
No obstante, el pésimo fin de campaña de Rafael López Aliaga y Hernando De Soto permitieron que el resultado de la primera vuelta sea el que todos bien conocemos y nos hayamos encontrado ante la disyuntiva de elegir entre el fujimorismo, a quienes muchos ciudadanos asocian con la corrupción, y Perú Libre, un movimiento al que se lo relacionada con la izquierda más radical. De este modo, se comenzó a escarbar más dentro del partido de Pedro Castillo y se constató que el líder indiscutible de la agrupación era Vladimir Cerrón, sentenciado por actos de corrupción cuando ejerció el cargo de gobernador regional de Junín. Aunado a ello, se tenía el antecedente de Gregorio Santos, condenado por corrupción durante su gestión en Cajamarca así como los de diversas personalidades de la izquierda radical que apoyaban el proyecto marxista leninista de Perú Libre y, al mismo tiempo, eran severamente cuestionadas por su desempeño como autoridades en distintas regiones.
La sensación o percepción de que la corrupción atacaba a distintos partidos era indudable, al margen de los defectos o cuestionamientos específicos que podría tener cada candidato por separado. Sin embargo, cada bando intentó crear una narrativa para desligarse del término corrupción. ¿Qué influencia pudo tener esto en los ciudadanos del sur y el norte del país que votaron por Pedro Castillo y lo consideraban una opción fresca y, a la vez, urgente para atender las necesidades de la población? Un primer enfoque consistiría en que, pese a sufrir las consecuencias de presuntos o comprobados actos de corrupción en sus gobiernos regionales, la decepción e incomodidad generada por la presunta o comprobada corrupción de autoridades de nivel nacional como expresidentes o congresistas era un elemento suficiente para elegir una opción radical. Por supuesto, que esto tendría que complementarse con el antifujimorismo (organizado y no organizado), así como todos los motivos que ha dado Keiko Fujimori en los últimos años para tener una desaprobación mayoritaria de la ciudadanía.
Esto podría verse como una contradicción en quienes piensen que la corrupción más “vigente” estaría en las condenas a los miembros de la izquierda radical, principalmente como es el caso de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Sin embargo, la problemática es más amplia y tiene sus particularidades en cada región. Es injusto cuando se asume que el sur del país, por ejemplo, tiene un pensamiento único sobre la política o el destino del país en determinados asuntos. Hay divisiones entre las provincias de cada región y rivalidades históricas entre regiones, siendo la más conocida la existente entre Arequipa y Cusco y, en menor medida, entre Arequipa y Puno. Obviamente, que un factor adicional se encuentra en el clientelismo político que se ha practicado desde determinados gobiernos regionales cercanos a Perú Libre.
Además, el tema de la lucha anticorrupción no ha sido uniforme entre la población. Hasta hace varios años, se consideraba que la corrupción era un problema que provocaba la especial indignación de un segmento de la clase media. Con la crisis que devino en la última disolución del Congreso y los audios del caso Cuellos Blancos, las cosas cambiaron y la corrupción se convirtió en una discusión transversal en distintos puntos del país y en prácticamente todos los sectores socioeconómicos. Asimismo, la pandemia cambió nuestra forma de vivir y la política se volvió más importante para la población, a fin de conocer los alcances de las medidas de restricción de tránsito y las decisiones políticas en la lucha contra la pandemia.
En la actualidad, el debate sobre la corrupción se ha trasladado al mismo día de la elección, pues un sector de la ciudadanía ha denunciado irregularidades y hasta fraude, movilizándose para exigir que se atiendan estos reclamos. Sobre la fundabilidad de estas denuncias, las autoridades tendrán que pronunciarse, pero es sintomático que hayamos llegado a un nivel de desconfianza que involucre hasta la organización de la segunda vuelta. Por tal motivo, lo más saludable es que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva este asunto con sabiduría, respetando la voluntad popular y entrando al fondo de la materia. Caso contrario, la percepción de “robo” de votos, “fraude” o irregularidad se mantendría o incrementaría, al margen de la abundancia u orfandad de evidencia.
El alto nivel de desconfianza, en el contexto de la segunda vuelta, tiene directa relación con la percepción de corrupción. El objetivo debe ser que dicha percepción sea desestimada con decisiones claras y ajustadas a los hechos por parte de las autoridades electorales. Urge recobrar la confianza de un sector importante de la ciudadanía para abordar los temas que necesita solucionar el país en los próximos cinco años.
