La revelación acerca de que las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez se reunieron en el año 2018 con el expresidente Martín Vizcarra ha generado una grave crisis institucional en el Ministerio Público. Como se recuerda, las fiscales Castro y Sánchez formaban parte del Equipo Especial a cargo de investigar el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que involucra a jueces, políticos, empresarios y periodistas. Se trata de un auténtico megacaso de corrupción que, tras hacerse público gracias al destape de los conocidos “audios de la vergüenza”, generó el repudio unánime de la ciudadanía.
El escándalo del caso salpicó en un momento hasta al expresidente Vizcarra, cuando fue mencionado en uno de los audios por el tristemente célebre exmagistrado Walter Ríos, quien indicó que el exmandatario se reunía regularmente con el empresario Antonio Camayo (acusado como miembro de la organización criminal) y hasta conocía su predilección por una conocida marca de ron. Atendiendo a estas circunstancias y a un aspecto tan elemental y constitucional como la autonomía del Ministerio Público, se daba por entendido que las investigaciones debían realizarse con absoluta independencia y sin ninguna injerencia política.
Sin embargo, con la revelación hecha por la fiscal Castro la investigación queda comprometida, en tanto es válido cuestionar su transparencia e imparcialidad. Castro indica que, junto a la fiscal Sánchez, acudieron al domicilio de Vizcarra para mantener una reunión donde se pidió apoyo y protección, alegando que “el caso era grande y había una gran mafia”. Castro señala que Sánchez le sugirió convocar la reunión, aprovechando que Vizcarra y Castro son vecinos.
Pero esto no queda aquí, pues Sánchez ha salido a los medios para rechazar la versión de Castro, diciendo que nunca pidió gestionar una reunión, sino que Castro la invitó un día a su departamento y recién ahí le informó que, en otro departamento, las estaba esperando Vizcarra para conversar. En buena cuenta, Sánchez señala que fue sorprendida por Castro, pero que accedió a reunirse con Vizcarra porque iban a pedir protección personal. Sánchez agrega que permaneció brevemente en el inmueble y luego se retiró, dejando a Vizcarra y Castro para que continúen con la reunión.
Por su parte, Vizcarra afirma que la reunión se dio a semanas de asumir el mandato presidencial, que una vecina fungió como intermediaria y que él solamente supo que se trataba de las fiscales Castro y Sánchez cuando ingresó al departamento. Vizcarra ha confirmado las versiones de Castro y Sánchez respecto de que hablaron sobre la protección que requerían éstas para realizar investigaciones sobre graves casos de corrupción.
Al haberse hecho pública la existencia de esta reunión y ante el revuelo mediático originado por esta revelación, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos ha decidido apartar a las fiscales Castro y Sánchez del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, mientras que la Junta Nacional de Justicia les ha iniciado un procedimiento disciplinario por presunta inconducta funcional.
Todo parece extraño en este caso. Primero, las versiones contradictorias de las fiscales. ¿Quién miente y, sobre todo, por qué miente? Segundo, llama severamente la atención que dos fiscales se reúnan en una inmueble en forma privada con un Presidente de la República para pedir protección por la investigación de un caso de corrupción. Castro y Sánchez son plenamente conscientes de que hay canales oficiales para tal cometido, al margen de la pugna interna dentro del Ministerio Público cuando el inefable Pedro Chávarry asumió el cargo de Fiscal de la Nación. Una reunión de esta índole es, a todas luces, irregular y quebranta la autonomía constitucional del Ministerio Público, entidad encargada de la investigación del delito.
Lo que genera enorme suspicacia es si solamente se pidió apoyo para la protección de las fiscales o también se habría revelado información confidencial de las investigaciones. El periodista Ricardo Uceda ha asegurado que la fiscal Castro tenía una gran cercanía con Vizcarra y le habría comentado el contenido de alguno de los “audios de la vergüenza” antes de ser públicos en los medios de comunicación. Uceda sostiene que Castro, de manera específica, alertó a Vizcarra sobre el audio donde Walter Ríos menciona las reuniones del exmandatario con el empresario Antonio Camayo.
Para agravar más la situación, Uceda sugiere que la investigación de “Los Cuellos Blancos del Puerto” es de sumo interés para la actual Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en tanto uno de los investigados, José Luis Cavassa, tendría información de que su nombramiento como Fiscal Suprema por el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura habría estado plagado de irregularidades. Ávalos ha dicho en varias ocasiones que su comportamiento ha sido correcto y que su nombramiento como Fiscal Suprema no adolece de ilegalidad alguna.
Ciertamente que la situación de las fiscales Castro y Sánchez se encuentra sumamente comprometida por el sólo hecho de haber llevado a cabo la reunión con Vizcarra en forma tan, por decirlo menos, extraña. Las investigaciones tendrán que determinar si se ha revelado información confidencial del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” a Vizcarra. Pero de confirmarse, sería gravísimo, pues, entonces, el Poder Ejecutivo habría interferido con la función del Ministerio Público en un megacaso de corrupción, con el evidente aprovechamiento político que una situación de esta índole implica. La situación de la Fiscal de la Nación y los graves hechos denunciados por Uceda tendrán que ser investigados, pero desde ya, causan desconfianza en la ciudadanía.
Un punto aparte merece el expresidente Vizcarra, quien cada día es más cuestionado por la ciudadanía y ve como el caudal político que cultivó se le empieza a escapar de las manos. Al bochornoso Vacunagate se suma esta reunión con las fiscales Castro y Sánchez, lo cual abona a la tesis de quienes lo califican como un político calculador y con muchas contradicciones.
Cabe recordar que el manejo institucional del Ministerio Público tuvo todos los reflectores cuando se eligió a Pedro Chávarry como Fiscal de la Nación en el año 2018 y posteriormente, se divulgaron los audios donde César Hinostroza y Chávarry conversaban sobre el apoyo que aquel daría a este último para que sea electo como la máxima autoridad del Ministerio Público. César Hinostroza era nada menos que Juez Supremo y estaba interviniendo directamente en la campaña de un Fiscal Supremo para que gane las votaciones como Fiscal de la Nación. Es decir, otro caso donde se vulneró la autonomía del Ministerio Público. Como se advierte, la institucionalidad de la Fiscalía queda en entredicho nuevamente y habrá que ver en el tiempo cuán perjudicada se ve la investigación de “Los Cuellos Blancos del Puerto” con la salida de las fiscales Castro y Sánchez. La lucha anticorrupción se ve afectada por los propios operadores jurídicos, así como la intervención indebida de un exmandatario, cuya falta de transparencia viene siendo reiterada.
