Recuerdo que hace unos años, cuando estudiaba la carrera de Derecho, hubo una ocasión en la que tenía que rendir el primer control de lectura de uno de los tantos cursos de Derecho Civil que teníamos en el plan de carrera. Como era de esperarse, minutos antes del mismo, mis compañeros y yo nos encontrábamos repasando algún dato o alguna cuestión que podría ser motivo de alguna pregunta; sin embargo, justo en esos momentos previos, algo llamó mucho mi atención, y es que ese semestre, teníamos como compañero a un chico con discapacidad visual.
Inmediatamente, detuve por un momento mi concentración y me quedé preguntándome, en medio de mi desconocimiento, “¿Cómo se supone que un chico que no puede ver, realice un control de lectura? ¿Cómo habrá hecho para poder leer los textos asignados?”. Nuestros controles de lectura eran escritos, “¿Le tendrán que traer una copia del examen en braille?”, pensé.
La realidad fue que no le trajeron un examen en braille, sino que le trajeron un USB con el examen en formato Word. Al parecer, él contaba con un programa especial en su laptop, que le permitía acceder por audio al contenido del archivo del examen, para que él pudiera redactar sus respuestas desde su teclado. La verdad es que fue una solución práctica, pero la situación vivida hizo que me comience a cuestionar sobre los privilegios que tenemos las personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad.
Con el pasar de los días, fui hablando cada vez más con este compañero, quien me comentó todas las diversas situaciones que tenía que atravesar para poder estudiar en igualdad de condiciones. Me comentó que siempre tenía que venir acompañado hasta la Facultad (a veces por algún familiar o por algún miembro de la comunidad universitaria), porque lo usual era que se demorara mucho en llegar desde la puerta principal hasta su aula. Del mismo modo, tenía que esperar que la Biblioteca termine de digitalizar todos los textos que tenía que leer para que él, desde su laptop, pudiera tener acceso a estos por audio, puesto que no había casi ningún material en braille. Además, tenía que estar constantemente con su laptop, que era su principal herramienta de estudio, lo que lo ponía en una situación de vulnerabilidad constante por la alta tasa delincuencial de nuestra ciudad.
Pero él, aun así, se sentía privilegiado, no solo porque al menos tenía ciertas facilidades para poder estudiar, sino porque me comentó que, por ejemplo, otros compañeros que deben usar silla de ruedas, pasan por momentos más duros: desde que su silla no logra acomodarse bien en los ascensores, hasta tener que afrontar que aún muchos baños no están adaptados para ellos. Incluso me comentó que lo usual para ellos es que ningún chofer de autobús quiera llevarlos debido al tiempo que demora que logren subir con su silla y acomodarse, lo que los fuerza a gastar demasiado dinero en taxis, con el fin de no llegar tarde a clases.
Sea cual fuese el caso, es sabido que las personas con discapacidad en el Perú tienen que afrontar diariamente diversas barreras que les impiden poder desarrollarse adecuadamente. Por supuesto que se ha avanzado mucho, desde la promulgación de la Ley de la Persona con Discapacidad hasta la adhesión del Perú a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que imponen una serie de obligaciones al Estado para crear una sociedad más inclusiva a través de políticas públicas y el reconocimiento de derechos.
Incluso, la labor por la inclusión de las personas con discapacidad ya tuvo un punto de quiebre crucial con la modificación del Código Civil a través del Decreto Legislativo 1384, mediante el cual las personas con discapacidad han dejado de ser consideradas como “absolutamente incapaces”; del mismo modo, el mismo Decreto estableció un sistema de apoyos y ajustes razonables que permiten que las personas con discapacidad puedan manifestar su voluntad sin la necesidad de un tercero que las reemplace.
Sin embargo, a pesar de lo mencionado en el párrafo precedente, la labor aún es ardua y va a demandar no solo un reconocimiento legal por parte del Estado, sino que también va a implicar que la misma ciudadanía vaya desprendiéndose de ciertos estereotipos alrededor de las personas con discapacidad y sus reales capacidades. Ideas sobre que estas personas son “incapaces” de valerse por sí mismas o que deben primero “rehabilitarse” para insertarse en sociedad (como si toda discapacidad fuese curable) han rondado el ideario popular por décadas.
Al respecto, sería ingenuo decir que las personas con discapacidad enfrentan las mismas condiciones que el resto de personas. Por supuesto que tienen los mismos derechos que todos, eso es incuestionable, pero no por ello se puede obviar las distintas barreras sociales que diariamente enfrentan y que impiden el ejercicio pleno de sus derechos.
El principal paso para una verdadera reforma a nivel de inclusión, más allá de los avances en el plano legislativo, debe pasar por un ejercicio de empatía, un intento por tratar de comprender la realidad de las personas con discapacidad en sus vidas cotidianas más allá de nuestros propios privilegios, reconociendo que vivimos en una sociedad que no está adaptada para ellos.
Por supuesto que se debe reconocer cómo algunas personas con discapacidad han venido rompiendo estas barreras sociales (sino recordemos a mi compañero de clase, a quien mencioné al inicio), pero esto no debe impedirnos considerar que la tarea por la plena igualdad de derechos aún está pendiente. Hay casos excepcionales, pero la realidad a nivel macro, aún demuestra la gran tarea pendiente por la igualdad de esta población.
