Una vez más y como cada cinco años, el próximo 11 de abril los peruanos estaremos obligados a votar para elegir al próximo Presidente y al Congreso de la República. Y digo obligados, porque todavía nuestro sistema o normativa electoral se encuentra anquilosada en el pasado a contracorriente de la Historia, mientras que la mayoría de países desarrollados del mundo se adhieren a las tendencias modernas del derecho de sufragio que privilegian su carácter facultativo sobre el de deber. En cambio, el elector peruano es castigado con una pena pecuniaria por su omisión.
La voluntariedad del voto adquiere una relevancia o vigencia dramática ahora más que nunca debido al estado actual de la pandemia en nuestro país. El Perú se encuentra en el peor momento de la segunda ola, con más de 10 mil contagios y 350 muertos por día en promedio. Por lo tanto, no nos debe sorprender que tras las elecciones, el número de contagios y de muertos se dispare, dándose así inicio a la tercera ola. No en vano, la autoridad electoral acaba de habilitar un trámite de dispensa del voto para la población vulnerable a la pandemia. ¿Por qué lo hace si es que no teme un incremento significativo de casos?…
En Chile por ejemplo, recientemente pospusieron las elecciones constituyentes debido al riesgo que su realización conlleva en una coyuntura donde el virus se manifiesta más letal que nunca. Pero, en el caso de nuestro país, esto ni se le ocurre al gobierno, porque los primeros que se les irían encima serían los candidatos más opuestos al mismo, ellos inmediatamente acusarían al régimen de Sagasti de querer perpetuarse indebidamente en el poder.
Así que -pese a la cantidad de enfermos y muertos que pueda haber como consecuencia de la movilización masiva de electores el 11 de abril- las elecciones se celebrarán sí o sí, para tranquilidad de los candidatos y sus partidarios más cercanos; pero probablemente también para aprehensión o temor de muchos ciudadanos de a pie, que en contra su voluntad tendrán que arriesgar su vida o salud, por su dificultad o imposibilidad de pagar una multa y todo en razón de la obligatoriedad del voto en nuestro país.
Ojo que no estamos sugiriendo que se suspendan o prorroguen las elecciones ya que es algo que no nos compete, sino que consideramos que los criterios que deben primar para la realización de un acto de desplazamiento de tan gran magnitud como lo es un proceso electoral a nivel nacional, deben ser estrictamente científicos o médicos, no políticos. En ese sentido, queremos asumir o creer que son los que ha priorizado el gobierno, pues su principal función debe ser velar por el bien común de todos los peruanos, especialmente de los más vulnerables.
Pero lo que más sorprende frente a esta catastrófica realidad – porque si 200 muertos por día no lo es entonces qué puede serlo – es la pasmosa actitud del gobierno y su inoperancia frente a la escasez de vacunas, lo que hace del proceso de vacunación sumamente lento para la justificada desesperación de la ciudadanía, que mira estupefacta como se le mueren parientes y amigos a su alrededor todos los días.
Esta sorpresa se agrava al constatar la ausencia por parte de los candidatos a la Presidencia de propuestas concretas e inmediatas de carácter sanitario para enfrentar de manera eficaz la pandemia – como si esta ya no fuera un asunto importante o prioritario sino uno más de un conjunto mayor de temas – enfatizando sus campañas en descalificar o insultar al oponente, perdiendo completamente la perspectiva de lo realmente importante y urgente para el país, como es evitar la pérdida de vidas por culpa de este desgraciado virus. ¿O es que acaso ya nos hemos acostumbrado o insensibilizado ante la muerte, cómo en algún momento ocurrió en la etapa más dura del terrorismo, cuando ya no eran noticia las cifras diarias de muertos que este cobraba?… Queremos terminar mencionando que en muchas redes sociales vinculadas a activistas pro vida y pro familia se proclama la urgente necesidad de escoger candidatos que defiendan estos dos derechos fundamentales en estas elecciones y estamos completamente de acuerdo con esto. Pero no olvidemos que la dimensión “pro vida” siempre debe ser integral. La defensa de la vida no solo debe abarcar al ser humano más vulnerable como es el concebido, sino también a otros seres humanos vulnerables como los adultos mayores o quienes padecen otras enfermedades y que por ello se constituyen en personas de riesgo frente a esta.
