Ha pasado un año desde que nuestras vidas cambiaron para siempre. Ante la amenaza del COVID-19, el entonces Presidente Martín Vizcarra decretó el inicio de una cuarentena estricta el 15 de marzo de 2020. Colegios, universidades, templos, restaurantes, gimnasios y miles de centros de trabajo fueron obligados a cerrar sus puertas hasta nuevo aviso.
Además, miles de familias tuvieron que separarse. Ante la noticia de que el virus era más mortal para las personas mayores, muchos nietos tuvieron que dejar de abrazar a sus abuelos para evitar contagiarlos. Incluso muchas familias decidieron aislarlos por completo hasta que la emergencia se detuviera.
Al inicio parecía que sería un asunto de un par de semanas, pues el misterioso virus al que nos enfrentábamos aún no había demostrado todo su potencial y pensábamos que era cuestión de días para volver a la normalidad. Sin embargo, esto no fue posible, pues cada día que pasaba se reportaban más muertes, más hospitalizados, más gente que requería oxígeno para poder mantenerse con vida. No era cuestión de días, era algo mucho más grave.
Con el paso de los meses, se revelaron nuevas problemáticas producto de la cuarentena rígida en la que estábamos: crisis económica, despidos masivos, migraciones a pie por la carretera, el retiro masivo de niños de sus colegios, entre otras. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del gobierno de turno, nunca se pudo contener todas las implicancias sociales desatadas por la pandemia.
En medio de la desesperación por la falta de respuestas, el poder Ejecutivo afirmaba que lo único que podía frenar toda esa crisis era una vacuna que en ese entonces ni siquiera existía. Solo quedaba esperar y aferrarse a esa esperanza, mientras el país seguía llorando a sus muertos.
Pasó el tiempo y las noticias sobre posibles vacunas de diversos laboratorios llenaron de esperanza a la población, que veía una posibilidad de salir de esta pesadilla. En esos momentos una duda comenzó a surgir: En caso de que esas vacunas lograran tener el visto bueno de la OMS para ser aplicadas en humanos, ¿quiénes deberían ser los primeros en vacunarse?
Y es que dicha incógnita, nos obligaba a entrar en un debate ético sobre quiénes deberían tener prioridad para la recepción de esas dosis. Con tantas poblaciones afectadas por el coronavirus, ¿se podría establecer un orden de prioridad habiendo tantos grupos en permanente peligro? La labor era compleja y demandaba un arduo análisis ético para corroborar la necesidad de vacunar a ciertas personas por encima de otras.
Meses después, tras la crisis política de noviembre, el gobierno de transición logró ejecutar la primera compra de vacunas y anunciaron el inicio de la Fase I de vacunación. Se decretó que los primeros vacunados serían los profesionales en la primera línea de defensa contra el virus. Según estadísticas del Colegio Médico del Perú, hasta el mes de febrero habían fallecido cerca de trescientos profesionales en salud, dato que demostró lo precario de nuestro sistema sanitario.
La estrategia del Ejecutivo parece leerse de dos maneras: Por un lado, los profesionales de salud de primera línea están en permanente exposición al virus, porque su trabajo demanda permanente contacto con infectados. Esto explicaría la gran cantidad de médicos fallecidos, sin mencionar a sus familiares, a quienes también exponen. Por otro lado, detrás de la decisión del gobierno también hay una suerte de compensación por la ardua labor de muchos profesionales, que en muchos casos han debido trabajar más de lo debido con el fin de poder atender a la mayor cantidad de infectados. Por ende, vacunarlos sería una recompensa por su labor. En ese sentido, sí es justo que tengan una posición prioritaria en la lista de espera.
Sin embargo, después se dió a conocer que la Fase I de la vacunación planteada por el gobierno también incluía a los siguientes profesionales: Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los Bomberos, la Cruz Roja, Serenazgo, brigadistas, estudiantes de la salud y miembros de las mesas electorales.
Sin duda, esto último fue lo que desató una serie de críticas por parte de la población sobre si la lista de prioridad estaba bien consignada, ya que, por ejemplo, las personas mayores no figuraban en la lista de la Fase I, sino que recién serían vacunadas en la Fase II. Ya es más que conocido que las personas mayores son la población con mayor índice de mortalidad, entonces, ¿por qué un chico de veinte años que ha sido sorteado como miembro de mesa tendría más prioridad que un anciano de noventa años que lleva un año encerrado en casa?.
Mientras que en otros países las personas mayores han tenido la prioridad y son vacunadas paralelamente a los profesionales en salud, en el Perú parecen ocupar un lugar secundario.
Se entiende que, al igual que los médicos, los miembros de las Fuerzas Armadas, bomberos y policías estarían exponiéndose al virus con la misma intensidad, pero hay que precisar dos diferencias respecto a los médicos de primera línea: A diferencia de los profesionales en salud, las fuerzas del orden no enfrentan una exposición constante relacionada con sus funciones, que muchas veces no demandan que estén en contacto directo con los infectados o que les atiendan personalmente. Por otro lado, la preparación física con la que cuentan y la edad promedio de sus miembros hace que estos tengan -en principio- mayor resistencia a los efectos letales del virus.
La misma lógica aplica para los miembros de mesa, en su mayoría jóvenes, quienes únicamente van a prestar labores dos días (en caso haya una segunda vuelta), y cuya labor será ejercida bajo los protocolos sanitarios que diseñen las entidades electorales. Así, tampoco cumplen una labor análoga a la de los médicos e incluso la labor que desempañarán en las elecciones no es voluntaria, sino que es estipulada por un sorteo. Entonces ¿por qué tendrían prioridad frente a la población mayor?
Tras los reclamos de un sector de la población, el MINSA anunció el 7 de marzo la modificación de la Fase I del cronograma de vacunación, el cual incluía a las personas mayores de 65 años. A pesar de este cambio, hay que tener en cuenta que este se ha producido no como una iniciativa del gobierno, sino como una respuesta ante los reclamos tanto de especialistas en salud – e incluso la misma Defensoría del Pueblo – como de un sector de la población.
Por otro lado, al ser este un cambio de última hora, es evidente la improvisación del gobierno en el esquema de vacunación de las personas mayores, siendo que, hasta el día de hoy, hay más dudas que certezas sobre cómo se va a concretar este proceso. “¿Cuándo van a vacunar a mi madre?”, “¿Si mi madre no está en el PADOMI puede vacunarse?”, “¿Por qué mi padre no sale en la lista de vacunación de esta semana?”, “¿Primero se vacunan los mayores de 90?”, “¿Tengo que sacar una cita para llevar a mi abuelo a vacunarse?”, parecen ser las preguntas más repetidas en esta primera semana de vacunación y la campaña de información del Gobierno parece que no ha sido suficiente para poder responderlas. Sabíamos que el proceso de vacunación iba a ser complejo y agotador, pero los cambios improvisados podrían dificultar más este proceso. Mientras tanto, cada día que pasa, más ancianos siguen falleciendo, mientras otros siguen confinados en sus casas, mirando con nostalgia las fotos de sus nietos, esperando poder salir nuevamente para poder abrazarlos.
