Gran revuelo ha causado la reciente declaración del Premier Guido Bellido acerca de la necesidad de renegociar el contrato por el gas de Camisea, bajo amenaza de nacionalizar el megayacimiento. La preocupación en los mercados es comprensible debido a la retórica del Premier y, en general, la profunda desconfianza que generan los actos del gobierno del Presidente Castillo. En este contexto, cabe preguntarse, ¿sería conveniente que el Estado “nacionalice” el proyecto Camisea? En principio, el término “nacionalizar” resulta meramente político y más cercano a una estrategia para forzar al Consorcio Camisea para que se siente en la mesa con el Estado y acceda a renegociar el contrato de concesión. Sin embargo, no deja de tener sentido la sospecha de que la “nacionalización” es un deseo, no tan encubierto, de expropiación para que el Estado asuma el control, manejo, procesamiento, distribución y comercialización del recurso.
¿Cómo comienza la historia de Camisea? En 1981, la compañía multinacional Shell firma un contrato para explorar los lotes 38 y 42, ubicados en Cusco. Como consecuencia de esta explotación, se descubre el megayacimiento de gas de Camisea, compuesto por los lotes 88 y 56, entre 1983 y 1987. Hubo un acuerdo preliminar en 1988, el cual no llega a buen término. Recién en 1994 se suscribe un contrato de evaluación y en 1996 se firma el contrato de explotación. En 1998, el Consorcio abandona el proyecto, pues el Estado no da el visto bueno para un plan integral que abarque desde la exploración hasta la distribución. Esto significó que el país se beneficie con los 500 millones de dólares que se habían invertido en estudios e instalaciones. Un auténtico regalo.
En el 2000, el Consorcio Camisea se hace del derecho a explotar por 40 años el megayacimiento; mientras que en 2006 se suscribe el acuerdo con Perú LNG para la construcción de la planta de licuefacción de gas natural en Pisco con una inversión aproximada de 3,300 millones de dólares. Actualmente, el Consorcio Camisea está integrado por Pluspetrol, Hunt Oil, SK Innovation, Tecpetrol, Repsol, Sonatrach. Como se puede advertir, el descubrimiento, la exploración, la explotación, la comercialización y la distribución se han dado gracias a la iniciativa privada. El Estado no estaba en posibilidades de llevar adelante este proyecto en solitario porque no tiene la experiencia ni el conocimiento para ello. ¿Cuáles son las razones para que hoy, en pandemia y en crisis económica, sí se encuentre capacitado? Técnica y financieramente no existe ninguna, por lo que su uso no es más que una burda manipulación política para distraer la atención sobre los grandes problemas del país.
En un comunicado que no ha sido desmentido por el Ejecutivo, el Consorcio Camisea informó que paga el 37.24% por regalías y el 30% por impuestos al Estado, lo cual da un total de 67.24% a favor del erario público. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo y, sobre todo, los gobiernos regionales con ese dinero? Hasta el 2019 se pagaron 40 mil millones de soles, yendo la mitad a Cusco, lo que a la postre, implica que la región ha recibido un millón de dólares diarios. Exprimir más al privado implica matar a la gallina de los huevos de oro: Si el Estado aprieta al privado, este liquida sus activos, minimiza sus inversiones, toma su dinero y se va a otro lugar donde existan mejores condiciones para la inversión. El Premier hace populismo con un tema técnico y que le ha reportado cuantiosos ingresos al país. Además, el efecto en el trabajo y en la electricidad ha sido fundamental, dado que se han generado más de 150 mil empleos y el 40% de la energía eléctrica en el Perú se produce con el gas natural de Camisea. Si el recurso no es demandado con mayor insistencia en el mercado local, es por una serie de factores que tienen que ver con la masificación y no con el Consorcio.
Por otra parte, resulta falaz que se hable de “recuperar el recurso” cuando, conforme al artículo 66 de la Constitución, los recursos naturales son patrimonio de la Nación, el Estado es soberano en su aprovechamiento y por ley se establecen las condiciones para su uso y otorgamiento a particulares mediante concesión. Si se diera el supuesto de la expropiación, el propio artículo 70 de la Constitución dispone que se requiere una ley que se justifique en la seguridad nacional o necesidad pública, previo pago en efectivo de una indemnización que incluya la compensación por el eventual perjuicio. Esto implica dos situaciones consistentes en incumplir un contrato de concesión de miles de millones de dólares, lo cual generará un arbitraje internacional que enviará un pésimo mensaje a los mercados internacionales, y apropiarse de toda la inversión efectuada por el sector privado, sea en equipos, instalaciones y el recurso tratado fuera del subsuelo. Estamos hablando de miles de millones de dólares que serán despilfarrados en una locura antitécnica y que dejarán de ser destinados para camas UCI, procesos de vacunación y proyectos con carácter de urgencia. Y lo más relevante: Dinero que proviene del bolsillo de los contribuyentes.
Los peruanos no tenemos por qué pagar la improvisación de este gobierno con miles de millones de dólares, endeudando a generaciones futuras y poniendo en riesgo un proyecto como Camisea que, si bien es cierto, podría ser perfectible en algunos aspectos, no tiene una real motivación técnica para pasar a manos del Estado pues ya beneficia a la sociedad. La “nacionalización” del gas de Camisea es una falacia y una cortina de humo para distraer la atención sobre los severos problemas de confianza, capacidad y gestión que tiene el gobierno.
