Si algo ha caracterizado al Perú en sus casi 200 años de vida republicana han sido las interrupciones de sus procesos democráticos que nunca llegaban a cuajar como para considerarnos una nación madura.
Los golpes de Estado de antes implicaban violentas revueltas, tomar por la fuerza los edificios de los poderes públicos, deportar al Presidente derrocado y a políticos opositores, cerrar los diarios y revistas de oposición o colocar allí a directores oficialistas, en fin, creo que no hay peruano que no haya vivido algo de eso en los siglos XIX o XX.
El historiador Edmundo Bendezú en su libro “Caudillos y Dictadores”, narra que hasta reputados demócratas como José Luis Bustamante y Rivero o Fernando Belaunde Terry, tuvieron sus coqueteos con los militares, el primero redactando “El manifiesto de Arequipa” para justificar el alzamiento de Sánchez Cerro contra Leguía y el segundo, conversando con los militares en busca de su intervención luego de las elecciones de 1962, apelando al antiaprismo del ejército. Las elecciones de 1963 le dieron un claro triunfo a Belaunde, el que fue derrocado a pocos meses de terminar su mandato.
El 3 de octubre de 1968, Velasco dio un golpe de Estado, deportó al presidente Belaunde y siete años después fue depuesto por Morales Bermúdez. En el libro “Los últimos días de Velasco” de Augusto Zimmermann, los diálogos ahí reseñados entre el autor y el ex dictador nos revelan que Velasco se preciaba de no haber sido un sanguinario dictador y que lo suyo era la deportación antes que el paredón. Políticos o periodistas opositores eran sacados del país sin mayor trámite.
En esos diálogos, Velasco decía que su idea y la de los generales que lo acompañaron no fue nunca la de dar un golpe para de inmediato convocar a elecciones como la junta que asumió en 1962. Ya en sus días de retiro veía con desagrado que Morales Bermúdez convocase a una Asamblea Constituyente ya que a Velasco le repugnaba todo atisbo de democracia. Le parecía muy malo también que se devolviesen los medios de comunicación a sus legítimos propietarios, miembros de la oligarquía a la que él presumía haber descabezado.
Doce años de dictadura militar fueron seguidos por doce años de democracia plena, doce años también de terrorismo e inflación, de pobreza extrema, falta de autoridad y como siempre, de un Congreso impopular. Esas razones fueron madurando otro golpe de Estado inédito pues el propio Presidente Fujimori disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales y varias instituciones del Estado más, siendo que el apoyo a la medida fue abrumador.
El control de los medios de comunicación con Fujimori fue más sofisticado, ya no hacía falta entrar con la tropa a los diarios o canales de televisión, el soborno y el chantaje los dejaban en manos de sus propietarios pero la línea era favorable al régimen. Los posteriores vladivideos nos revelaron cómo se consiguió ese apoyo. El caso Ivcher y los hermanos Winter en Frecuencia Latina fue la excepción a la regla.
El fenómeno de la cooptación se extendió al Poder Judicial con Rodríguez Medrano, al Ministerio Público con Blanca Nélida Colán, y al Tribunal Constitucional con el desafuero de los tres magistrados que se opusieron a la re relección, dejándolo con sólo cuatro miembros y menos facultades.
Recuperada la democracia plena, habiendo tenido otra vez traspasos del poder de un presidente electo a otro, un personaje como Martín Vizcarra, consiguió su asunción a la más alta magistratura de la nación complotando, con ayuda de un Congreso opositor, contra el que fue su compañero de fórmula y presidente. Paso a paso, al igual que el outsider de los 90, se ganó el apoyo popular por su pregonada lucha contra la corrupción.
Disolvió el Congreso, opinó, violando la neutralidad que su alto cargo exigía, sobre la idoneidad del Fiscal de la Nación, expresando su desagrado con la remoción de dos fiscales del caso Lava Jato. Propugnó que se eliminase el Consejo Nacional de la Magistratura y se crease la Junta Nacional de Justicia y consiguió un Tribunal Constitucional afín pues fue justamente para evitar su renovación que disolvió el Congreso. Lo que no calculó es que el nuevo Congreso le saldría más respondón que el disuelto, negando por primera vez en la historia el voto de investidura a un Consejo de Ministros. Después, fue vacado con contundentes 105 votos de 130 pero aún mantiene inocultable influencia en el sistema de justicia.
Las señales estaban allí pero gran parte de la población no quiso verlas. Ese es el peligro de percibir la política como un juego de revanchas. Aplaudir cuando a nuestro rival político se le aplasta hasta con armas fuera de la legalidad y protestar cuando lo mismo le ocurre al movimiento que nos simpatiza.
Si un nuevo funcionario público hace las mismas cosas malas que uno del pasado, es de suponer que es para lo mismo, enriquecerse, tapar la corrupción, sacar ventaja de la posición de dominio que da el cargo. ¿El escándalo de las vacunas nos dice algo?
Los golpes de Estado de hoy no requieren tanques, basta con el control económico que da la publicidad estatal para que la prensa entera brinde una sola visión de la realidad, con cooptar los otros poderes del Estado con personas afines y serviles, con perseguir “legalmente” a quienes nos hagan oposición.
Nosotros, ciudadanos, debemos estar atentos a las señales que dan los golpistas de hoy, que ingresan con votos pero quieren ejercer más poder del que les corresponde torciendo el sistema legal y constitucional. Y debemos conocer la Constitución y ser institucionalistas antes que militantes.