Escribe: Juan Carlos Buezo de Manzanedo |
Desde una perspectiva de Derecho Constitucional, siempre hemos promovido el voto libre frente al voto obligatorio, aunque nuestro ordenamiento jurídico nacional apuesta por el segundo, teniendo como fundamento principal su doble condición de derecho pero también de deber y es así que en nuestro país y a diferencia de la mayoría de los países más avanzados o desarrollados del mundo y al igual que muchos atrasados o subdesarrollados, se sanciona con el pago de una multa so riesgo de merecer una especie de muerte civil al que y en pleno uso de su libertad, no desea ejercer su derecho al voto.
Y es que parece ser que esta normatividad no cambia hasta ahora ni va a cambiar, ya que a los partidos políticos aparentemente no les conviene el voto libre, quizá para así manipular mejor las emociones especialmente los miedos de la masa electoral, que muchas veces no hace un voto racional y por propuestas convencida de la bondad de los candidatos escogidos sino uno emotivo y de rechazo hacia otro candidato al que teme más ( “para que no salga”), y por eso los operadores políticos de los partidos en el Congreso es decir los congresistas, se resisten a aprobar de una buena vez el voto libre además de argumentar desde una óptica absurdamente paternalista, que todavía nuestro elector no está preparado para ejercer la libertad de sufragio, que es inmaduro y que por tanto se justifica una suerte de tutelaje sobre el mismo y finalmente, de que el voto libre propiciaría un alto ausentismo. Y así fuera esto último, ¿Acaso no sería también una expresión legítima de la ciudadanía a respetar ?….
Pero esta discusión se vuelve urgente e imprescindible ahora más que nunca en el actual contexto de pandemia por el que estamos atravesando y del que lamentablemente no hay visos de solución en el futuro inmediato. Y es que esta coyuntura compromete y amenaza a los que quizás podemos considerar los dos bienes más preciados de todo ser humano como son la vida y la salud y que por lo mismo tienen la calidad jurídica de derechos fundamentales, tal vez los más importantes de todos.
No hay que ser muy sabio sino tener un poco de sentido común para darse cuenta de que en la situación de emergencia sanitaria en que nos encontramos y que todo indica que va para peor por la tendencia de las últimas cifras de la pandemia, obligar a votar a la gente la expone innecesariamente al virus – más aún a aquellos que puedan tener condiciones de salud de riesgo – y afirmamos esto último porque ningún proceso electoral por más importante que sea, merece una mayor valoración jurídica que la vida y la salud de los ciudadanos. Incluso desde una lectura constitucional podríamos estar frente a una antinomia o conflicto de derechos, por un lado el derecho a la vida y a la salud, y por el otro el derecho – deber de elegir, siendo que frente a este tipo de dilemas que nos plantea el Derecho Constitucional, debemos ponderar los derechos en juego – en concreto los bienes que protegen – y optar por aquel derecho que consideremos superior.
Alguien podría pensar que exageramos con el riesgo que implica acudir a votar alegando que los entes electorales tomarán todas las previsiones del caso para minimizar el riesgo pero sinceramente, conociendo los problemas de organización atávicos de los que adolecen nuestras instituciones públicas ¿Usted confía?… Yo no. Y aun así, si se tomaran todas las previsiones del caso, ¿Dónde finalmente uno se expone más?… ¿Metido en su casa o en un lugar público y concurrido como un centro de votación por más organizado que pueda estar?…. Creo que la respuesta es obvia.
También podría alegarse que en otros países se celebraron procesos electorales y que no pasó nada. ¿Está seguro?… Sería bueno contrastarlo con la opinión de los especialistas médicos, no de los políticos que tienen una opinión segada o parcializada. Y sí así fuera, ¿Qué le garantiza que será así aquí?….. No planteamos las suspensión o postergación de las elecciones pues entendemos que esto afectaría gravemente las pretensiones políticas de los partidos en liza y hasta la inversión económica de los candidatos presidenciales y congresales, no; tampoco el cambio de la normativa sobre el particular en mitad de un proceso electoral, sino simplemente que al menos por esta vez y en atención a las particulares circunstancias de la pandemia, nos den la libertad a los electores tanto de ir a votar como de no hacerlo, para que los que deseen legítimamente cuidarse o proteger a sus familiares quedándose en casa – pensemos por favor un momento en aquellos que tienen condiciones de salud que los hacen más vulnerables frente al virus – lo hagan sin que penda sobre ellos la sanción administrativa del pago de una multa so riesgo de una aparente muerte civil.
