A estas alturas de la pandemia, podemos afirmar que diversa información a la que hemos accedido resulta poco precisa, no concluyente y, en muchos casos, contradictoria. Muchos profesionales de la salud se han esforzado en dejar en claro expresiones como “de los estudios que se vienen realizando hasta ahora” o “de la información que actualmente se maneja”. Diversos estudios sobre las cuarentenas, como, por ejemplo, la de Acemoglu, Chernozhukov, Werning y Whinston han puesto énfasis en la focalización y han advertido sobre los costos y riesgos de las excesivas restricciones.
Pese a ello, se ha generado un discurso colectivista, mayoritariamente promovido por un sector de la izquierda, consistente en que “para defender la salud” había que tomar como verdades absolutas e incuestionables ciertas medidas que ni siquiera contaban con suficiente respaldo científico. La cuarentena en el Perú, junto con la de Argentina, fue de las más estrictas en el mundo y sus resultados fueron desastrosos. La concentración de poder en el Estado vino acompañada de un discurso paternalista, demagogo e intolerante. Occidente, bastión de valores como la libertad, la vida, la propiedad y la igualdad ante la ley, ha sufrido un daño cultural que podría ser irreparable. Estamos perdiendo nuestra capacidad para cuestionar el establishment político y varios profesionales de la salud se han prestado para un teatro que está convirtiendo nuestras vidas en una tragicomedia.
Habiendo culminado, al menos por ahora, la discusión sobre las cuarentenas, ahora se inicia el debate sobre los certificados de vacunación y su uso obligatorio para acceder a espacios cerrados desde el 10 de diciembre. Esta discusión tiene una severa contra para aquellos que airadamente defienden su aplicación: Así como no en todos los países hubo una cuarentena tan restrictiva como la peruana, tampoco en todas las latitudes se exige el certificado de vacunación. ¿No existen medidas menos gravosas?, ¿cuál es el fundamento científico, constitucional y moral para esto?
La contestación ha sido tildar a los opositores de “antivacunas” y no importa si están vacunados. Sí, el mundo al revés. Y peor para los no vacunados. No interesa si hay personas que no pueden vacunarse porque han estado infectados y deben esperar tres meses. No interesa si por motivos médicos no se pueden colocar la vacuna. No interesa si simplemente deciden no vacunarse. No importa que cada organismo sea distinto y reaccione de diferente forma a la vacuna. No importan los casos, porcentualmente bajos, pero al fin y al cabo existentes, de miocarditis. No importan los cuestionamientos sobre los efectos futuros y real efectividad de las vacunas. No importa que haya gente que no pueda trabajar por la exigencia del certificado. No importa que alguien no pueda comprar un bien o servicio de su preferencia por la exigencia del certificado. No importa evaluar otras medidas. No importa analizar por qué debe aplicarse en el Perú y en otros países no se hace. No importa no haber podido escoger la vacuna a inocularnos. No importan las sospechas hacia el régimen comunista chino y su gran secretismo sobre el virus. No importa que el contrato por el que se adquirió la vacuna esté manchado de corrupción, con vacunados en secreto y un Presidente de la República que se benefició, junto a su familia, vulnerando la ética y la ley. ¿La obligatoriedad del certificado de vacunación pasará el test de proporcionalidad desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional?
Ni se inmuten en realizar el análisis correspondiente porque no importa nada. Quienes alcen la voz serán señalados como antivacunas, fascistas o neonazis a los que solamente les falta tatuarse la esvástica. Y esto no se limita al Perú, pues basta ver los vídeos y medidas en Nueva Zelanda, Australia, Austria o Alemania. ¿Quiénes son los verdaderos fascistas? El daño a los valores occidentales puede ser irreparable y ni siquiera se fundamenta en evidencia. Así estamos.
