Existe un refrán que reza: “El primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias”. A su vez, el Código de Ética de la Función Pública de la OEA señala expresamente que ninguna persona debe aceptar ser designada en un cargo para el que no tenga aptitud.
Estas máximas cobran especial relevancia en estos días, a propósito de la elección del gabinete del Presidente Pedro Castillo, comenzando por la designación de Guido Bellido como Presidente del Consejo de Ministros. Revisando la trayectoria de Bellido, se advierte que es bachiller en ingeniería electrónica, ha trabajado en una empresa y en el INEI y que se desempeñaba como Secretario General del Perú Libre en Cusco.
Fuera de ello, se ha hecho mediáticamente conocido por estar investigado por apología al terrorismo, en atención a un reconocimiento que hizo de la terrorista Edith Lagos y una entrevista donde cuestionó a una periodista que se pronunció en contra de los senderistas. Siendo así, puede apreciarse que el señor Bellido no cuenta con grandes pergaminos profesionales y políticos para ejercer el cargo y que, además, ha emitido declaraciones que, al margen de la investigación penal a la que se encuentra sometido, son profundamente repudiables.
Uno puede cuestionar la poca honestidad intelectual e inclusive moral de Bellido para asumir el segundo cargo más importante del Poder Ejecutivo, pero lo más relevante sería recordar quién lo nombró: El Presidente Pedro Castillo, quien no puede alegar el desconocimiento de hechos públicos. Esto aunado a los señalamientos de que Bellido es una persona muy cercana a Vladimir Cerrón, fundador y Presidente de Perú Libre, condenado por corrupción y a quien prácticamente todo el país señala como el hombre en las sombras que maneja los hilos del poder.
La designación de otros ministros ha empeorado la situación: Un exguerrillero, la expareja de un terrorista, un investigado por trata de personas, admiradores del comunismo, entre otros que, ya desde el punto de vista profesional, tampoco se encontraban debidamente calificados para tener una cartera ministerial. Por ejemplo, tenemos un ministro de Defensa que fue dado de baja de la Policía Nacional por medida disciplinaria y cuyo gran mérito es haber obtenido una medida cautelar que suspendió la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional. El ministro de Trabajo fue sancionado por el Tribunal del Servicio Civil por incumplimiento laboral. El ministro del Interior era fiscal y se le ha abierto investigación por presunta inconducta funcional. El ministro de Transportes recibió dos multas por realizar transporte informal. Y el glosario de cuestionamientos podría continuar.
Nuevamente, regresamos al origen del problema: Estas personas contaron con la aprobación de Pedro Castillo para asumir el cargo. Y a ello surge el problema consistente en que Castillo ha incumplido la ley de gestión de intereses, puesto que durante días ha despachado fuera de Palacio de Gobierno y no hay registro de las visitas que ha recibido ni de las reuniones que ha sostenido, vulnerando un deber de transparencia en la gestión. El artículo 118 inciso 1 de la Constitución Política establece que el Presidente de la República tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes. Se entiende que él debería dar el ejemplo, sobre todo tratándose del servidor público más importante del país y con mayor poder.
Las repercusiones de que una persona poco preparada asuma el cargo de Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros o Ministro tienen consecuencias sociales y económicas. En estos días, hemos visto que el sol se ha depreciado y ha llegado a 4.10 por dólar. La incapacidad no sólo tiene un costo relacionado a la inestabilidad política, sino que afecta la economía, especialmente de los menos favorecidos y peor en época de pandemia. Entonces, ¿Cuáles son las soluciones para combatir la incapacidad de alguien que asume un cargo para el que no está preparado? La Constitución prevé claramente dos: La censura a un ministro o negación de la confianza al gabinete de ministros y la vacancia presidencial. Dependerá del Parlamento evaluar estas medidas y conseguir los votos, así como del Presidente de la República hacer los cambios necesarios en el gabinete y evaluar con honestidad si él mismo estará preparado para ejercer el cargo o es momento de ceder la posta a alguien que sí lo esté, respetando la sucesión presidencial prevista en la Constitución.
