Sobre la Inmunidad Parlamentaria



Víctor Montenegro*│

Actualmente postulan al Parlamento candidatos dispuestos a suprimir la inmunidad parlamentaria. Señalando que la inmunidad es una especie de impunidad.
Muchas veces el Poder Judicial, solicita justificadamente al Congreso el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo tal pedido es demorado y a veces ignorado, protegiendo indebidamente al parlamentario.
La historia nos enseña que la Inmunidad parlamentaria tiene su origen en la búsqueda de la independencia del poder legislativo con respecto al ejecutivo, sobre todo en el caso de las monarquías parlamentarias. Al inicio, era costumbre que cuando un parlamentario se oponía a los intereses del rey, éste buscase excusas para acusarle de algún delito y lograse apartarle de la vida pública.
El objetivo de la Inmunidad Parlamentaria es de garantizar la integridad e independencia del Poder Legislativo y evitar que se persiga, amedrente o aparte de su normal desenvolvimiento a sus miembros mediante juicios arbitrarios. Dicha garantía permite que estos ejerzan con libertad y a conciencia, sus atribuciones de legislar, representar y la fiscalizar.
La Constitución política en su Artículo 93° menciona que los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.
El trámite de solicitud de la Corte Suprema para levantar la inmunidad parlamentaria, así como plazos y requisitos, están previstos en el Reglamento del Congreso. La Inmunidad Parlamentaria, tiene abarca: a. Inmunidad de arresto y b. Inmunidad de proceso penal.
Es posible que al no haber inmunidad, la posibilidad sobre todo de fiscalización, sea casi nula. El parlamentario correría el riesgo de estar expuesto a denuncias por las expresiones públicas que haga, en relación a las investigaciones.
Sin embargo en la actualidad, la figura de la inmunidad parlamentaria ha sido practicada de manera incorrecta, en vez de fortalecer el parlamento, lo deslegitima, presentando a los congresistas como una clase de ciudadanos con privilegios frente a la justicia, dando la sensación de impunidad.
Hay quienes piensan que la justificación de la inmunidad parlamentaria lleva implícito el reconocimiento de que el Poder Judicial puede ser sometido al poder político, pues de otro modo no se explica por qué sería necesaria una protección frente a los juicios, en un sistema donde la justicia es autónoma y los jueces son independientes.
Hay países donde no hay inmunidad parlamentaria, como Australia, Canadá, Colombia y Reino Unido. En Colombia, los congresistas no poseen inmunidad, pero sus procesos son vistos de manera exclusiva por la Corte Suprema de Justicia, es decir, carecen de este beneficio, pero no pueden ser procesados por ninguna otra instancia que no sea el más alto tribunal de justicia de ese país.
Por lo pronto creemos que la solución está en:
a. Debe corregirse el ejercicio NO ÉTICO de la Inmunidad Parlamentaria de manera eficiente, tal vez en caso que el Congreso demore, se considere automáticamente autorizada su levantamiento, en lugar de eliminarla. Y
b. Los congresistas deberían ser los primeros en impulsar una auténtica reforma de justicia que fortalezca la independencia del Poder Judicial y haga eficiente su labor garantizando el debido proceso.
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Director del Instituto MAGISTRUM

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