EL ESTADO PERUANO, NI CONFESIONAL NI LAICO



Escribe: P. Juan Roger Rodríguez Ruiz │

El régimen de laicidad del Perú: Autonomía e independencia y mutua cooperación

En la actualidad no pocos operadores políticos, jurídicos y eclesiásticos, logran distinguir con claridad el status jurídico de la Iglesia Católica, ni la relación jurídica ante el Estado peruano.

Se intenta responder a estas exigencias presentando el régimen de laicidad del Estado peruano y su prospectiva en las relaciones con la Iglesia, en el contexto del Derecho internacional.

Las relaciones entre la Santa Sede y el Perú se desarrollan dentro del sistema de coordinación y de la laicidad que comporta la autonomía e independencia de la Iglesia respecto del Estado y la colaboración entre ambos. Además, al intentar distinguir lo que es laicidad, laicismo y laico, se logra precisar que el Estado peruano no es ni confesional ni laico, sino que se rige según el régimen de laicidad.  De este modo, se supera propuestas aisladas que contradicen el reconocimiento de la Iglesia como elemento de la formación histórica, cultural y moral del Perú.

El autor diferencia entre los regímenes de la laicidad, laico y la actitud del laicismo: en la laicidad se respeta la autonomía e independencia entre el Estado y la Iglesia y se fomenta la mutua cooperación, mientras que el estado laico prescinde de la condición religiosa y de trascendencia del ciudadano y hace que su neutralidad se convierta en un indiferentismo frente al factor religioso. De esta situación deriva el estado laicista con una postura que se afirma y mantiene sólo en lo secular, con una actitud negativa frente al factor religioso.

En el primer capítulo se aborda las relaciones de la Santa Sede con el Estado peruano las que se remontan desde el Patronato hasta la suscripción del Acuerdo del 1980. Ciertamente el Perú fue un Estado confesional, sin embargo, a partir de la Constitución Política de 1979, su sistema de relaciones cambió sustancialmente. Así, la nueva Constitución prescribía en el artículo 86o: «Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Le presta su colaboración. El Estado puede también establecer formas de colaboración con otras confesiones».

De este modo, la Santa Sede, siguiendo la dinámica del espíritu del Concilio Vaticano II, renunció a los derechos que adquirió legítimamente, y propuso un nuevo sistema de relaciones basado en; la libertad, la autonomía e independencia de la Iglesia; y la mutua y fecunda colaboración con el Estado peruano.




Por su parte del Estado peruano, renunció al derecho del Patronato que gozaba desde 1874[1] y propuso establecer un nuevo sistema de relaciones con la Santa Sede, de acuerdo a la realidad socio-jurídica que traduzca la verdadera independencia y autonomía de la Iglesia.

Actualmente las relaciones entre el Perú y la Santa Sede son de acuerdo al sistema de la laicidad, tal como se verifica en la Constitución Política del Perú de 1993, artículo 50o. Esta laicidad entendida como autonomía de la esfera civil-política de la eclesiástica-religiosa, la que se traduce en el reconocimiento de la personería jurídica pública de la Iglesia, el respeto de la libertad religiosa y el ejercicio de la misión de la Iglesia en la sociedad civil, sin que signifique injerencia en la autonomía de la autoridad civil.

En el segundo capítulo se presenta los desafíos de estas relaciones, donde la Santa Sede propone un nuevo orden internacional que contempla la tutela de los derechos humanos y la cooperación internacional para el desarrollo; así como la diplomacia como un instrumento de dialogo en la misión de la Iglesia y la figura del Romano Pontífice en la escena internacional. Luego se destaca los desafíos de estas relaciones en la perspectiva del ordenamiento jurídico peruano.

La prospectiva de las relaciones del Estado peruano con la Iglesia, descritas en el tercer capítulo, se manifiesta en la mutua cooperación la que se traduce en la cooperación para el desarrollo humano, institucional, cultural y diplomática. Así mismo, se aborda las cuestiones abiertas que reclaman una atención especializada como la renuncia voluntaria de las asignaciones del clero, los criterios para calificar como grupo con fines religiosos, el régimen de días feriados religiosos y la tutela jurídica de la libertad religiosa.

Finalmente, en el cuarto capítulo, se trata sobre la consolidación de las relaciones entre la Santa Sede y el Perú, poniendo énfasis en la identidad cristiana del pueblo peruano, que desde una situación sociopolítica lesionada, desea consolidar sus relaciones por el grado de amistad y la mutua corresponsabilidad, además porque el pueblo ve en la Santa Sede un interlocutor válido para dialogar sobre sus propios problemas y encontrar alternativas para solucionarlos.

En este contexto, conviene que la Nación peruana pueda encontrar caminos para llegar con más ascendencia ante la Santa Sede a fin de incrementar la cooperación en temas de desarrollo, de los valores democráticos y la ética política y administrativa, revalorizando la vía diplomática y estableciendo mecanismos de colaboración internacional, como exigencia de la mutua cooperación establecida en el Acuerdo en 1980, que establece su relación dentro del régimen de laicidad.




[1] Privilegio concedido formalmente por un acto unilateral de la Santa Sede y aceptado mediante exequatur por parte del Estado en 1880.

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