Violencia en el Congo




Noticias │ (Redacción RÉ │ EFE │ Kinshasa 21-Ene )

Al menos cinco personas murieron hoy en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo (RDC), por disparos de la policía que dispersó a grupos de a manifestantes que pedían la celebración de elecciones que pongan fin al mandato del presidente del país, Joseph Kabila, según cifras provisionales de la ONU.
Además de las víctimas mortales, otras 35 personas resultaron heridas y 63 fueron arrestadas en la capital de RDC, en una jornada de enfrentamientos en los que las fuerzas de seguridad también lanzaron gases para dispersar a los manifestantes.
Las protestas, convocadas por la oposición y párrocos católicos, fueron sofocadas por las fuerzas de seguridad en otras zonas como Kisangani (centro-norte del país) y Bukavu (en la frontera con Ruanda), aunque por el momento no se tiene constancia de víctimas mortales en estos lugares.
Tras la misa matinal del domingo, cientos de fieles, acompañados por sus párrocos, marcharon por las calles provistos de carteles que exigían la celebración de elecciones, más de un año después de que el presidente Kabila debiera haber renunciado al poder, con el final de los dos mandatos que la Constitución le permite.
Decenas de personas recibieron disparos de las fuerzas congolesas, que rodearon parroquias, montaron barricadas y atacaron a los manifestantes que entonaban oraciones y exigían la celebración de comicios.
El Gobierno de la RDC, que había prohibido cualquier tipo de manifestación "por alterar el orden público", también cortó desde la pasada noche el acceso a Internet.
Además, en un aparente intento de evitar que la información sobre las protestas se propague, el Gobierno también ordenó a las compañías de telecomunicaciones bloquear los mensajes de texto.
Por su parte, la misión de la ONU en RDC (MONUSCO), prometió supervisar las manifestaciones contra el Gobierno, y tanto cascos azules como policías y miembros de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la misión dijeron que formarían equipos para patrullar las calles y denunciar posibles episodios de violencia.
La decisión fue tomada después de que el pasado 31 de diciembre al menos ocho personas murieran por disparos de la policía, cuando sacerdotes y fieles católicos se manifestaban por la misma razón.
La organización Human Rights Watch aseguró entonces que, según funcionarios de la morgue y otras fuentes de seguridad, al menos 20 personas más habrían sido asesinadas en Kinshasa, cuyos cuerpos fueron llevados por la policía a lugares no revelados o arrojados al río, por lo que en ambos días de protestas la cifra de muertos y heridos podría ser mayor a la oficial.
Naciones Unidas y la Unión Europea han expresado su preocupación por las acciones de las fuerzas de seguridad durante las recientes protestas y han pedido que se "proteja a los ciudadanos y no les repriman".
Por su parte, ONG sobre el terreno han exigido a las autoridades congolesas que permitan la celebración de manifestaciones pacíficas, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, y que garanticen que las fuerzas de seguridad no usan fuerza innecesaria o excesiva.
Además, HRW pidió recientemente a los donantes internacionales que pongan fin a todo apoyo directo al Gobierno congoleño, hasta que se tomen medidas para abrir el espacio político y llevar ante la justicia a los responsables de estos abusos.
Gobierno y oposición firmaron el 31 de diciembre de 2016 el Acuerdo de San Silvestre, con el que se comprometían a celebrar elecciones antes de que finalizara 2017, pero más tarde la Comisión Electoral anunció que no sería posible convocarlas hasta 2019.
En su último pronunciamiento, la Comisión Electoral dijo que las elecciones presidenciales se celebrarán el 23 de diciembre de 2018, dos años después de cuando debían haberse celebrado originalmente.
En diciembre de 2016, las autoridades congoleñas las retrasaron alegando deficiencias en el censo, decisión considerada por la oposición como una maniobra de Kabila para postergar su salida de la presidencia, que ocupa desde la muerte de su padre en 2001.
Ante la posición gubernamental, la Iglesia -una institución respetada y activa en la política del país- y organismos como el Comité de Coordinación Laica (CLC) hicieron este mes una "última llamada" a Kabila, para que declare públicamente que no será candidato en las próximas elecciones.
Además, exigieron al Gobierno que cree las condiciones previas necesarias para celebrar los comicios, como la liberación de los presos polííticos, el regreso de líderes de la oposición en el exilio, la reapertura de medios de comunicación cerrados y la reestructuración de la comisión electoral nacional.

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