Laicidad política



Escribe: Andrés Montesinos*  │

Es práctica común en el debate de temas controversiales como el aborto o la unión entre personas del mismo sexo, intentar cerrar el debate diciendo: “El Perú es un estado laico y no puedes imponer tus creencias religiosas”. Asimismo, cuando el Cardenal Cipriani cuestiona las políticas del ejecutivo o las leyes del parlamento desde la moral cristiana, se suele decir: “El Cardenal está violando la laicidad del Estado”. Sin embargo, con dicha práctica no sólo se busca evadir el debate correcto de ideas, también demuestra un grave desconocimiento de lo que significa Laicidad y promueve una censura implícita a la libertad de opinión por el credo que se profese.

Al respecto, debemos recordar que el artículo 2°, inciso 2, de la Constitución Política del Perú se consagra el derecho de no discriminación religiosa o igualdad religiosa y en el inciso 3 se reconoce la libertad religiosa individual o asociada, la cual en su dimensión subjetiva tiene, a su vez, una dimensión interna y una externa.
Tal es así, que el Tribunal Constitucional ha señalado que la libertad religiosa (en su dimensión subjetiva interna) “supone la capacidad de toda persona para autodeterminarse de acuerdo con sus convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa” (STC 6111-2009-PA/TC, fundamento 10), mientras que en su dimensión subjetiva externa señala que “la práctica de la religión en todas sus manifestaciones, individuales o colectivas, tanto públicas como privadas, con libertad para su enseñanza, culto, observancia y cambio de religión” (STC 6111-2009-PA/TC, fundamento 10).

Es decir, la libertad religiosa no sólo corresponde a la relación espiritual y personal  que se tiene con el credo, sino que estas creencias pueden ser manifestadas de forma pública individual o colectivamente, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público; pero ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué se le exige cuando decimos que es Laico?

Para empezar tenemos que tener claro que la laicidad en el Estado no es un ateísmo o arreligiosidad pública, pues creer en la inexistencia de un Dios o divinidad es un credo negativo, entonces no podemos exigir un Estado ateo o agnóstico, pues tanto el ateísmo  como el agnosticismo no son características de la laicidad, por lo cual, lo que se le exige a un Estado laico es su neutralidad, que no adopte una posición valorativa (sea positiva o negativa) sobre algún credo ni censure la acción u opinión de alguna religión que se presente como parte de la cultura de un país, pues las costumbres religiosas (como cualquier otra costumbre) y, más aún, la moral tienen un estrecho vínculo con la identidad nacional.

Entonces, en un Estado laico será incorrecto la inclusión política o jurídica de cualquier norma que haga referencia a una verdad religiosa; tan incorrecta como negar la relevancia pública de la religión como cultura de sus creyentes. Pero la neutralidad del Estado no sólo es laicidad negativa, lo que el Estado no debe de hacer, sino también es laicidad positiva, donde el Estado promueve y facilita la práctica de costumbres religiosas. Es aquí donde debemos hacer un mayor énfasis, pues los peruanos, en gran mayoría, estamos estrechamente vinculados a las costumbres católicas a tal punto que forma parte de nuestra identidad nacional, resulta innegable la gran devoción sobre el Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y las distintas representaciones que varían dependiendo de la ciudad del Perú donde uno se encuentre.


Por tanto, pretender separar, al punto de del divorcio irreconciliable, la iglesia y el estado significa no solo una exclusión de la religión en una nación, sino que con ella también busca llevarse la identidad nacional y la moral de los peruanos. 

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* Estudiante de Derecho en la USMP.

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