Dilemas, ¿Abogar o hacer justicia?


Escribe: José Manuel Martin* │


Es muy frecuente observar todavía cómo miles jóvenes inician sus estudios en la carrera de Derecho para lograr la justicia, esto es para defender a los más débiles del abuso de los más fuertes, así para desterrar las desigualdades e injusticias del entorno que les rodea. No obstante, conforme pasa el tiempo y adquieren el título de abogado, su rol consiste en abogar por su defendido, valga la redundancia, defender sus intereses, donde ese perfil de persona débil afectada va desapareciendo. Al mismo tiempo, el apoyo familiar del joven profesional va reduciéndose y éste debe financiar sus propios gastos y sus proyectos de vida con su actividad profesional.

Poco a poco, el joven abogado se va a dando cuenta que sí sólo toma los casos idealistas en los cuales se está defendiendo a una persona indefensa en una posición mucho peor que la parte contraria o por un derecho que le ha sido vilmente disminuido o arrancado, pues tal vez no tendría mucho que comer a fin de mes. Aún más si el defendido es efectivamente una persona de escasos recursos, la probabilidad de obtener una retribución dineraria digna será mucho menor. Evidentemente, esto genera dilemas morales a nuestro joven profesional del Derecho: Su desarrollo personal o hacer justicia sólo para los indefensos.

No obstante, existen varias alternativas para solucionar este problema. Primero, retrasar la independencia financiera o crear una situación de independencia financiera parcial. Una segunda opción es tomar casos para dicho perfil de defendidos pero de manera masiva y por una misma causa legal, de modo que en el volumen este joven abogado pueda tener algún presupuesto de subsistencia y esperanzas de un proyecto de vida. Una tercera opción es dedicarse a realizar trámites y asesorías con elevado valor agregado, evitando cualquier litigio o conflictos de intereses. En cuarto lugar, uno puede ser flexible en cuanto a la interpretación del derecho que pudiera ser afectado, a fin de captar más supuestos, por ejemplo, indemnizaciones por accidentes sin culpables, entre otros.  Y finalmente, una última opción es reducir umbral de aceptación de los casos, para incluir a todo a aquél que solicite sus servicios, incluso los negligentes y los dolosamente culpables.

Parece razonable que las primeras dos opciones sean las menos gravosas para la sociedad y relativamente consistentes con la finalidad inicial de “hacer justicia”. Mientras que las siguientes y sobre todo la quinta, ya estarían dejando de lado este apreciado valor de la sociedad, sesgando al joven profesional a una labor más mercantilista aunque más extensiva de la justicia. ¿Pero hasta qué punto pueden justificarse éstas últimas, sabiendo que a veces la independencia financiera es forzosa e inevitable, qué es difícil y/o costoso encontrar casos masivos que ayuden a la obtención de ingresos suficientes para el joven abogado y que al final todos tienen derecho a un proceso justo? ¿Y, además de ello, está preparado este joven abogado a diferenciar entre personas culpables y enemigos de la sociedad? ¿Existen algún límite para la defensa de actos ilegales y/o alguna salida para los abogados que no estén de acuerdo con la conducta de clientes culpables?

La discusión sobre el rol del abogado no es nueva en el Perú[1], pero su análisis se limita a la controvertida expresión Orabunt causas melius, cuya interpretación se ha vuelto más subjetiva que histórica o lingüística, con un debate interminable debido a la relativización del valor justicia[2]Empero, a veces se olvida que al momento se inscribirse, el Colegio de Abogados de Lima tiene un Código de Ética[3], cuyo artículo primero dice claramente que “el Abogado debe tener presente que es un servidor de la justicia y un colaborador de su administración; y que su deber profesional es defender, con estricta observancia de las normas jurídicas y morales, los derechos de su patrocinado.” Esto significa que no sólo se trata de defender, sino también de servir a la justicia y colaborar con la administración de ésta. Además, en dicha defensa de los derechos, se debe tener en cuenta las normas jurídicas y las normas morales.

Si bien es cierto, la discusión sobre cuáles son las normas morales aplicables puede llegar a ser metafísica, lo cierto es que están ahí, en dicho artículo, y todos los jóvenes (y los antiguos) abogados inscritos lo saben y lo deben respetar. Aunque, sobre este punto, el artículo tercero del Código de Ética es un poco más claro cuando afirma que el Abogado “no debe aconsejar actos fraudulentos, afirmar o negar con falsedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la administración de justicia”. Estas ideas tratan de limitar las estrategias de acción de los abogados para defender a personas con pruebas en su contra, para evitar que alteren la realidad jurídica con el solo propósito de ganar el caso.

¿Pero qué ocurre si es el cliente el que le exige una conducta más agresiva, justamente para poder defender su derecho afectado? ¿Peor aún, qué ocurre si el joven abogado confió al un inicio en el cliente pero éste posteriormente reveló su real conducta e intereses, contrarios a los valores de la justicia que juró defender? Al respecto, los artículos 30°, 31° y 32° del Código de Ética tienen mecanismos bastante útiles para defender a un joven abogado que se haya visto sorprendido por su cliente.

En tal sentido, estos artículos permiten que el abogado renuncie a la defensa de su cliente si ocurre una “causa justificada sobreviniente que afecte su honor, su dignidad o su conciencia, o implique incumplimiento de las obligaciones morales o materiales del cliente hacia el Abogado (…)”, “si el cliente persiste en su actitud reprobable [de actos indebidos]” ó si el Abogado descubre “en el juicio una equivocación o engaño que beneficie injustamente a su cliente” y éste no se rectifique ni renuncie a este provecho. Con toda esta información, el joven abogado puede, si su convicción es fuerte, renunciar a su cliente para hacer justicia;  aunque eso no evita, tal como se indicó al inicio, que solucione su problema financiero.

En conclusión, este dilema entre abogar “justamente” o hacer justicia no es nuevo en el mundo del Derecho, pero en muchos casos se vuelve idealista en ambos bandos, más por un arraigo personal o mercantilismo encubierto, a manera de autojustificación para lograr una consistencia interna, aunque artificial, de valores. Si bien es cierto, es posible que el Estado cometa injusticias al momento de procesar a personas culpables, pero dicha injusticia no los convierte en inocentes. Es entonces que el joven abogado tiene la opción, basada en su moral, de descartar o renunciar a los casos que consideren que atenten contra sus convicciones, por ejemplo, no defender culpables o defraudadores de impuestos. Y así también, el abogado de un culpable deberá recordar que, tarde o temprano, su defendido inevitablemente deberá ir a prisión pero, claro está, de la forma más “honorable” o “justa” posible.


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*Máster en Tributación Internacional y postgrado en Derecho Público (CIOT, U. Leiden, Garrigues, Sciences Po). Economista y Asesor Legal (Universidad de Lima), Econometrista (U. Rotterdam, UNI, INEI). Experto en AED, Cumplimiento Legal, Planificación Tributaria y Formalización. Actualmente es Socio Administrador de EMAE, Director de APEYD, Investigador Senior en EMECEP Consultoría y Asesor Legal-Financiero de Kysh Inmobiliaria. jm@martin-emae.com
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[1] García-Blásquez, Luis. El Rol del Abogado en la Sociedad. Abril de 2014. Diario Oficial “El Peruano”. Obtenido de: http://www.elperuano.com.pe/eppo/noticia-el-rol-del-abogado-la-sociedad-17037.aspx
[2] Vilca, Roger. ¿Qué significa realmente la frase “orabunt causa melius”. Abril 2017. Revista Legis.pe. Obtenido de: http://legis.pe/significa-realmente-la-frase-orabunt-causas-melius/

[3] Colegio de Abogados de Lima. CAL. Código de Ética. Obtenido de: http://www.cal.org.pe/fx_codigo_etica.html

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